Crecimiento económico en México
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AUTOR:IMEF CDMX
Dada la creciente necesidad de acelerar el paso hacia las energías renovables y la eficiencia energética, el Senado discutió la transición hacia una energía baja en carbono, así, en 2018 entró en vigor la Ley de Transición Energética cuyo objetivo es regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de emisiones contaminantes de la industria eléctrica.
Esto no solo significó una transición hacia la energía sustentable, también posicionó a México como un país responsable con sus metas y compromisos de descarbonizar el sector eléctrico.
Sin embargo, desde el 2019 se frenaron las licitaciones de energías limpias bajo el argumento de que la generación intermitente de las plantas eólicas y fotovoltaicas afectaban la confiabilidad del sistema eléctrico nacional impactando la suficiencia, calidad y continuidad del suministro de energía. Tan es así que la Secretaría de Energía subrayó un conjunto de reglas para garantizar la confiabilidad del sistema energético, acción que desestabilizó los proyectos renovables.
Tras esta decisión, el Centro Nacional de Control de Energía (CENANCE) emitió un comunicado en donde afirmó que un total de 44 proyectos de Energías Limpias con una inversión de 6 mil 4000 millones de dólares se verían afectados.
Esta iniciativa causó controversia no solo en organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, sino también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitiera una solicitud antimonopolio.
A este escenario se suma que en febrero del 2021 la Cámara de Diputados aprobó la modificación del los artículos 3, 4,12,26,35, 53,101,108, y 126 de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la Reforma Energética con la finalidad de establecer límites en la generación de electricidad privada y dar las condiciones para la dominancia del mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta postura ha incomodado a muchos inversionistas, ya que ven en esta decisión no solo un obstáculo para las energías renovables, sino una estrategia para evitar la inversión privada y proteger a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta política establece acciones de centralización y control operativo que limita las posibilidades de generación de energía renovable por parte de empresas privadas.
En el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), creemos que esta política energética genera un ambiente negativo para la inversión privada y extranjera porque no establece las condiciones de certidumbre jurídica e inhibe la competencia, hecho que apremia significativamente al país porque necesita la recuperación de su actividad económica.
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