Crecimiento económico en México
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AUTOR:IMEF CDMX
A principios de marzo de este año quedó aprobada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, ha encontrado una dura oposición por parte de los privados al interponer amparos y de la propia Comisión Federal de Competencia Económica, quien presentó en días pasados una controversia constitucional.
Los cambios a la ley buscan devolver un papel predominante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación y suministro de energía eléctrica, por encima de empresas privadas y de energías renovables. La reforma fue propuesta como un mecanismo para garantizar la seguridad energética del país.
De acuerdo al gobierno federal, la ley previa a la reforma había puesto en riesgo el suministro de la electricidad en el país y había desplazado al Estado como un importante garante del acceso a la energía para los mexicanos.
La reforma, de acuerdo a su postura, ayudará a CFE a recuperar su preponderancia en el mercado, le ayudará a evitar gastos por compra de electricidad a empresas privadas y elevará su rentabilidad al darle prioridad en el suministro de energía por encima de otras empresas.
La intención del gobierno es mantener precios baratos de la energía mediante una asociación con Petróleos Mexicanos, para que éste provea el combustóleo necesario a precios preferentes para producir la electricidad en plantas de la CFE, aprovechando infraestructura ya existente en el país y respaldando a las empresas estatales, en quienes el gobierno ha hecho una fuerte apuesta desde el inicio de la administración.
Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señala que desde su punto de vista es muy difícil ver algo positivo, pues de continuar con esta reforma eléctrica se podría tener consecuencias negativas en términos de costos de la electricidad y de la confianza en el país para realizar inversiones.
En ese sentido, las consecuencias de la reforma podrían resumirse en: un posible encarecimiento de la electricidad y menores incentivos de inversión en el sector o la falta total de interés de la inversión privada en el sector.
Rubli Kaiser advierte que las acciones del gobierno están teniendo consecuencias en la confianza de inversionistas en otros sectores y en la credibilidad del país, pues existe el riesgo de que empresas extranjeras afectadas acudan a mecanismos de solución de controversias dentro de los acuerdos de libre comercio firmados por México (como el T-MEC), que buscan proteger la seguridad de las inversiones realizadas y les protegen ante cambios unilaterales de las reglas de operación de la industria.
“Es posible que los cambios a la ley aumenten el riesgo crediticio de México y que veamos modificaciones a las calificaciones de crédito ante la necesidad de mayores apoyos del gobierno federal a empresas como Pemex y CFE”, asegura Rubli Kaiser, lo que traería consecuencias en el tipo de cambio y en las inversiones de portafolio.
El experto comenta que México forma parte de acuerdos internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sustentable que no están alineados con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, también advierte que la modificación de las reglas en el sector daña la confianza de los inversionistas privados y le resta atractivo a México para los siguientes años, en un momento en que el país necesita de esa inversión para mejorar su perspectiva de crecimiento.
La Cofece inició el proceso porque considera que la reforma es contraria a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en mercados de generación y suministro de electricidad.
La reforma afecta esta labor porque se le impide garantizar la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, además de que perturbará las condiciones de oferta de electricidad y, en consecuencia, dañará al consumidor así como a la economía nacional.
Actualmente la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se encuentra paralizada por cientos de amparos, e incluso la mayoría de los expertos en temas energéticos opinan que llevará tiempo destrabar la Ley, por lo que aún continúa vigente la reforma del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto.
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